Tarapacá frente al espejo del tiempo: ¿estamos preparados para envejecer con dignidad?

La publicación de los resultados del Censo 2024 en Chile provocó un sacudón en el diagnóstico demográfico nacional: hoy el 14 % de la población tiene 65 años o más, en contraste con el 11,4 % medido en 2017. Esto confirma que Chile vive una transformación poblacional acelerada.

En Tarapacá esa tendencia también asoma con fuerza. La región totalizó 369.806 personas censadas en 2024, un crecimiento del 11,9 % respecto a 2017, con Iquique alcanzando los 199.587 habitantes y Alto Hospicio los 142.086. Sin embargo, en materia de envejecimiento, Tarapacá aún muestra indicadores más moderados que el promedio nacional. La región reporta un índice de envejecimiento de 43,9, muy inferior al nacional que alcanzó 79. Es decir, por cada 100 personas menores de 15 años, hay 43,9 personas de 65 o más en Tarapacá, frente a 79 en el país. A nivel comunal, las diferencias son notables: en Iquique, el porcentaje de adultos mayores representa un 11,4 % de la población comunal, mientras que en localidades más pequeñas como Camiña alcanza índices cercanos a 70,4. Estas cifras evidencian que el envejecimiento está entrando con fuerza al territorio regional, aunque con disparidades internas que no pueden ser ignoradas.

El crecimiento del segmento de personas mayores impone demandas sobre múltiples dimensiones esenciales: salud, cuidado, redes sociales, transporte, vivienda y participación ciudadana. Ello se agrava si recordamos que los recursos públicos en la región suelen estar tensionados por desafíos estructurales: escasez de infraestructura sanitaria en zonas rurales o apartadas, dispersión poblacional, recursos limitados para servicios sociales y una alta proporción de población migrante, cercana al 23 % según el mismo censo, que pone tensiones adicionales al sistema. Otro dato preocupante es que Tarapacá lidera en la macrozona norte cifras relativas de personas en situación de calle. Si bien la mayoría de ellas está en edades menores, existe una fracción de 7,7 % que tiene 65 años o más.

Esta situación refleja el nivel de vulnerabilidad en que pueden vivir algunos adultos mayores, especialmente aquellos sin redes de apoyo. Las zonas rurales, además, enfrentan el fenómeno del éxodo de jóvenes, lo que intensifica el aislamiento de quienes permanecen. Como se ha observado en otros territorios del país, en localidades rurales el envejecimiento tiende a ser más profundo al perderse las redes familiares y comunitarias que se construyen en áreas urbanas. A esto se suma la precariedad en pensiones e ingresos. La reciente reforma previsional aprobada generó expectativas de mayor protección, pero su continuidad y eficacia siguen siendo objeto de debate político. En paralelo, la tramitación de la “Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable” lleva años estancada, a pesar de haber sido aprobada por ambas cámaras del Congreso. Hasta ahora, los avances dependen casi exclusivamente del impulso de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las personas mayores.

Para que el envejecimiento deje de ser un problema sin resolver y se transforme en una oportunidad para la convivencia intergeneracional, se necesitan políticas y acciones concretas en la región. Es prioritario reforzar los servicios de salud locales garantizando que los centros de atención primaria cuenten con programas específicos para el adulto mayor, además de desplegar unidades móviles de salud en zonas apartadas. También es necesario avanzar en un sistema de cuidados domiciliarios con apoyo profesional y respaldo a cuidadores familiares, promover viviendas adaptadas y proyectos intergeneracionales, ampliar la movilidad inclusiva y accesible, y generar espacios de encuentro comunitario que fomenten la participación activa de los adultos mayores en la vida social, cultural y política. La promulgación de una ley integral se vuelve imprescindible para asegurar que los derechos de las personas mayores sean exigibles y respetados en la práctica, con financiamiento y fiscalización efectiva.

La Fundación Mariposas de Miraflores, desde su labor en Tarapacá, reconoce que el desafío del envejecimiento exige compromiso sostenido, colaboración interinstitucional y una mirada ética que ponga en el centro la dignidad. Tarapacá envejece y tiene una ventana de oportunidad para adelantarse a los problemas que muchas regiones del país ya enfrentan: carga sanitaria excesiva, abandono social, pérdida de autonomía y aislamiento. Si actuamos con visión, podemos transformar este momento en una oportunidad para construir una sociedad más justa, solidaria y respetuosa de todas las edades.

El tiempo corre y la pregunta se impone con fuerza: ¿estamos preparados para envejecer con dignidad, de manera activa y saludable, o seguiremos postergando lo que tarde o temprano nos alcanzará a todos?.