La Calidad de Vida (CdV) es el norte para quienes trabajamos con personas con discapacidad (PcD), razón por la que concentramos nuestro quehacer buscando aportar a su mejora. Sin embargo, nuestro campo de acción es limitado. Por ello, cada persona debe aportar lo suyo, desde su rol, para la consecución de una meta tan ambiciosa como es la mejora de la CdV de este colectivo.
Las familias, entidades educativas, entornos laborales, legisladores y tomadores de decisiones y la sociedad civil en su conjunto, deben jugar su papel para lograr la plena inclusión de las PcD. Éstas pueden hacer su mejor esfuerzo por “incluirse”, sin embargo, las barreras de participación no las levantan ellos, sino su entorno. Por esta razón es que la recientemente promulgada ley 21.545, más conocida como “Ley TEA”, refleja el compromiso de avanzar en la garantía de los derechos de las PcD, en este caso, personas con la Condición del Espectro Autista (CEA).
Ahora bien, considerando que ya contamos con un marco normativo que garantiza los derechos de las PcD y que, a pesar de encontrarse vigentes, fue necesaria esta ley específica para las personas CEA, es de esperar que su derecho de participación social, “ahora sí” sea efectivo. De no lograrse con esta nueva ley, corremos el riesgo de necesitar una normativa por cada colectivo, cuando en realidad, los marcos regulatorios provenientes de tratados internacionales adscritos por Chile, así como la normativa nacional vigente, deberían ser suficientes para garantizar los derechos de todas las PcD, sin necesidad de legislar específicamente para colectivos determinados.
Si finalmente TODOS los chilenos aportamos desde nuestro rol a la disminución -y ojalá eliminación- de barreras para la participación, ya no serían necesarias nuevas leyes con “apellido” y todos podrían hacer efectivo su derecho a una mejor CdV.
Alejandra Ríos Urzúa
Directora Observatorio para la Inclusión
Universidad Andrés Bello
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